Columna de Opinión Estudiantes de Semipresencial Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas – “Principios de igualdad y equidad de género en la participación de las mujeres en Chile”

El Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas es un programa que comenzó a impartirse hace 9 años atrás, y a la fecha cuenta con más de 120 graduados/as especializados en perspectiva de género. Como parte de sus actividades de evaluación, las estudiantes realizaron trabajos escritos de análisis y reflexión sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Durante los siguientes días publicaremos algunas de sus columnas de opinión.


Principios de igualdad y equidad de género en la participación de las mujeres en Chile

Nicole Nova. Trabajadora Social, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

¿Por qué hombres y mujeres no están igualmente representados en las posiciones de liderazgo político y dirigencial en Chile? Ésta es una pregunta que suele hacerse al ver las estadísticas de representación política masculina y femenina, donde por ejemplo, tenemos un 87,5% de alcaldes a nivel nacional, en comparación a un 12,5% de alcaldesas, o un 86,7%de senadores, ver sus 13,2% de senadoras. (fuente: “Mujeres y Poder: participación en espacios de toma de decisión”, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO, Universidad Diego Portales. 2013.) Cuando hablamos de principios de igualdad, incluso cuando hablamos solo de igualdad, y escuchamos repetitivamente esta palabra para hacer referencia a las desigualdades sufridas por las mujeres, por ejemplo en este caso, donde vemos que hay una baja participación política de éstas, lo que lleva a una desigualdad en la representación y toma de decisiones a nivel país, pocas veces hacemos un reparo en el principio de la igualdad, y en la necesidad de incluir a la equidad para poder tener una igualdad sustantiva, es decir una igualdad realmente ejecutada y que dé más a quien ha tenido históricamente menos, para poder estar en igualdad de condiciones.

La primera misión del principio de igualdad, es lograr desmitificar que al hablar del “ser humano” del “hombre” estamos hablando de una raza masculina, y lograr incluirnos como mujeres en esta palabra que por mucho tiempo nos tuvo al margen de ser sujetas de derecho, donde se consideraba al “hombre” el único apto para hacer uso de los derechos humanos. En este caso, al hablar de igualdad en la representación política, necesitamos que las mujeres seamos incluidas totalmente en un mundo que fue conquistado por los hombres y donde se nos dejó fuera por mucho tiempo, pero que cuando nos abrió las puertas, fue tan mezquinamente, que aún nos sigue excluyendo, tal como muestran las estadísticas.

Otra de las misiones, es lograr abarcar las tres dimensiones que lo fundan: no discriminación, admisión de la diferencia y las autonomías. Muchas veces se cree que cuando una política pública reconoce este principio de igualdad, e incluye estas tres dimensiones, el asunto está solucionado, subsanado, y no hace falta más, para que por ejemplo, se logre una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero se olvida que para llegar a una igualdad sustantiva, es decir, para que exista una ejecución real de esta igualdad, es necesario contar con el mecanismo de la equidad. Si la igualdad en las políticas sólo se concibe como igualdad de oportunidades, es decir, sólo como igualdad en el acceso, no garantiza la verdadera igualdad. Un ejemplo de esto, se da muchas veces en los programas que se ejecutan desde las municipalidades en convenio con el Servicio Nacional de La Mujer y la Equidad de Género, los cuales se preocupan por ejemplo, de que las mujeres tengan acceso a un trabajo remunerado o tengan acceso a un nivel más alto de participación ciudadana y/o política, pero no se preocupan de que las desigualdades que ellas sufren, aparte de ser más que desigualdad de género, (se deben agregar otras categorías, como la raza, clase, edad, situación socioeconómica, etc.) ,no apuntan a equiparar estos elementos, solo de incluirlas en un sistema desigual, donde estas mujeres necesitarían más que el piso mínimo de igualdad para poder alcanzar la igualdad sustantiva en materia de acceso a la participación social y política realmente efectiva, lo que dejando a la equidad de lado, no se logrará.

Con esto, quiero hacer referencia específicamente al área de participación de Sernameg, la cual de sus tres componentes: Escuelas de liderazgo, Talleres Municipales de Derechos y Conversatorios provinciales y regionales, pretende empoderar a las mujeres, entregándoles herramientas de liderazgo y conocimientos en materia de derechos, para que ellas logren acceder a un nivel más alto de participación, ya que lo que se puede observar, es que existe participación femenina, pero a un nivel más básico (juntas de vecino, centros de padres y apoderados, organizaciones de trabajo productivo, ect) y la mayoría de las veces ligado a los cuidados. Falta dar el salto para incrementar por ejemplo el número de candidatas a concejalas y alcaldesas, tener mujeres líderes en todos los movimientos sociales, ejerciendo dirigencia en los movimientos sociales del país, etc. Para lograr llegar a una igualdad sustantiva en esta materia, se ha utilizado en cierta medida el mecanismo de la equidad, al implementar un programa exclusivamente para que mujeres reciban educación cívica y formación en materia de derechos, pero también han dejado fuera los distintos contextos en los que viven las mujeres a lo largo del país, ya que es un programa que fue diseñado en el nivel central de Sernameg, y que de cierta manera deja fuera la diversidad de mujeres, y las múltiples brechas a las que ellas se enfrentan. En mi opinión, el querer “empoderar” a las mujeres, desde fuera, tratando de imponer ciertos temas y aludiendo a una democracia que está en una crisis de representatividad, pero queriendo que estén para alcanzar una cifra, no estamos logrando la igualdad sustantiva necesaria, ya que seguimos teniendo a mujeres con una triple jornada (trabajo doméstico, trabajo asalariado y participación comunitaria/política), pero que siguen cumpliendo el mismo rol dentro de sus hogares, a cargo de lo doméstico, siguen siendo discriminadas dentro de sus sectores políticos, sigue habiendo una brecha de salario, siguen siendo cuestionadas por dedicarse a otras labores y no exclusivamente de la familia, y un sin fin de etcéteras. Para lograr la igualdad necesaria, mediante el mecanismo de la equidad, es necesario un cambio cultural, que nos dé el lugar que nos corresponde dentro de la sociedad, el lugar de seres humanas sujetas de derecho.

Columna de Opinión Estudiantes de Semipresencial Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas – “Elefante Blanco”

El Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas es un programa que comenzó a impartirse hace 9 años atrás, y a la fecha cuenta con más de 120 graduados/as especializados en perspectiva de género. Como parte de sus actividades de evaluación, las estudiantes realizaron trabajos escritos de análisis y reflexión sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Durante los siguientes días publicaremos algunas de sus columnas de opinión.


Elefante Blanco

Giselle Pincheira. Socióloga, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

Si quisiéramos hacer una revisión histórica de la igualdad entre los miembros de una sociedad, requeríamos de un análisis exhaustivo de esta misma, sin embargo, en este caso quisiera puntualizar en la aplicación práctica de los conceptos de igualdad y equidad de género en territorios más acotados, fuera de las grandes urbes, con una población con características particulares de su contexto social, cultural y territorial. Cuando se enuncia la igualdad como principio, se hace referencia a la base social y con un fuerte fundamento ético para todas las personas, sin distinción de ningún tipo y que atraviesa tres dimensiones: el de la no discriminación, la admisión de la diferencia, y la autonomía y/o libertad. Por otra parte, el objetivo de la equidad de género es corregir las injusticias y compensar las desventajas que ha tenido históricamente la mujer en comparación con el hombre, como la baja participación en la política, el acceso al mercado laboral, etc.

Entonces, si igualdad es como dice el Art. 1 de la Constitución Chilena: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y que luego en su Art. 19 N°2: “En Chile no hay ni grupos ni personas privilegiadas” y que “Hombres y mujeres son iguales ante la ley”; deberíamos dejar de hablar de situaciones de desigualdad e inequidad y quedarnos tranquilos, pues el Estado nos respalda y protege, dicha afirmación es utópica, cuando la realidad con la que nos topamos es otra. Primero, el Estado dice ser neutro, esto es que en su semántica establece que no hay desigualdades entre hombres y mujeres, si así fuese Chile no estaría dentro de las estadísticas negativas en las que nos posiciona la OCDE como ser el quinto país donde más horas se trabaja, en donde hay mayor desigualdad salarial y que posee uno de los salarios mínimos más bajos. Ante una realidad así, lo que sigue es cuestionar el sistema deficiente en el que nos movemos, pero en particular me hace cuestionar el rol y las capacidades de los funcionarios públicos, cuyos trabajos afectan directamente la realidad de las mujeres en nuestro país. Es en este contexto de incongruencia e inconsecuencia, es en el que planteo una situación que se vuelve repetitiva y que estoy segura es más común de lo pudiera imaginar.

Cuando hay una mujer violentada por su pareja, las consecuencias de aquello recaen principalmente sobre su autoestima, en su poca capacidad de tomar decisiones, en un progresivo aislamiento social y deterioro de su salud mental y física, desvalorización, sentimientos de culpa, e inclusive en los casos más extremos ideas suicidas. Con todos estos factores, me parece inaceptable que sigan ocurriendo situaciones de injusticia como las situaciones que describiré más adelante.

Con todo el avance en materia de la institucionalización del género en las Políticas Públicas y la transversalización del género que el Estado garantiza, supondría un escenario favorable para mujeres vulneradas, pero la cruel realidad muestra una subvaloración de la violencia, ya sea, tanto para hombres como para mujeres, esto evidenciado en la siguiente situación. Al acompañar a una mujer a Fiscalía para realizar el trámite de denuncia de VIF, la funcionaria a cargo de la recepción de la misma, realiza preguntas que supongo son de rutina administrativa como ¿le pegó ahora? ¿tiene hematomas, algo visible? De manera repetitiva y minimizando el relato de la víctima, dudando de la pertinencia del trámite de denuncia, ya que no habían lesiones físicas evidentes, sin considerar el contexto de amenazas de muerte y hostigamiento con violencia física anterior. Si en ese instante esa funcionaria, hubiese actuado con un criterio más empoderado de la transversalización de género, todo hubiese sido menos tenso y en menos tiempo, cabe preguntarse entonces ¿todo el aparataje judicial no ha sido tocado por los avances de la incorporación del enfoque de género? ¿Qué debemos esperar? ¿Cuáles serían las estrategias a utilizar? ¿No es suficiente con los talleres y capacitaciones que se dirigen a estas instituciones?, entonces podemos creer que la transversalización no ha llegado a todos los rincones, ni menos ha cambiado estos patrones culturales tan viciados. He de suponer, que cuando nos llega una mujer con estas características a solicitar ayuda ya sea en el Centro de la Mujer de Villarrica, o en cualquier otro programa o institución pública, como lo es el Servicio Judicial, la sensibilidad y el conocimiento para realizar la contención debiera ser acorde a los Acuerdos, Tratados Internacionales y Políticas Publicas impulsadas por el Estado de Chile. Profundizando aún más en este episodio, lo que ocurrió luego en carabineros es aún más repudiable y digo esta palabra aun sabiendo su fuerte significado, pues no encuentro otra que ejemplifique mejor lo sucedido; tiene que ver con la negligencia en su accionar y la nula presencia de ética en funcionarios de la Comisaría. Teniendo a la usuaria al interior del Centro de la Mujer, nos encontramos con que el hombre agresor estaba esperándola a las afueras del mismo, a lo que se solicitó la presencia de Carabineros para resguardar la seguridad de la usuaria en cuestión, con la gestión ya realizada nos quedamos relativamente tranquilos, luego de unos minutos se llama a la mujer para tomar cuenta si había llegado a su destino, para nuestra sorpresa lo que nos relata nos deja impávidos como profesionales, nos señaló que su cónyuge la encontró y está con ella, pues, el funcionario que se presentó al llamado de nosotras, conocía al agresor y le dijo hacia donde se dirigía la mujer. ¿Acaso los Carabineros no son los responsables de velar por nuestra seguridad y nuestra integridad física en este contexto? ¿Carabineros no es una institución pública del Estado? ¿La Transversalización de género no llega a las fuerzas de orden público? ¿Qué hubiera pasado si al dar vuelta la esquina el hombre atenta contra la mujer? De seguro estaríamos contando otro femicidio a nuestra lista nacional del 2016.

Finalmente y basándome no solo en mi experiencia profesional, sino que también en las innumerables situaciones que se dan en la cotidianeidad de nuestra sociedad, creo estar segura que los esfuerzos en desarrollar un trabajo intersectorial y territorial, capacitaciones y sensibilización de funcionarios públicos, incorporación de especialista, y en definitiva la voluntad y compromiso político por implementar el Mainstreaming de Genero son pocos, solo quedando plasmado de manera teórica y totalmente alejados de nuestra realidad, y por sobre todo de la realidad de las mujeres en comunas tan vulnerables como lo son las de la Región de la Araucanía.

Columna de Opinión Estudiantes de Semipresencial Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas – “El Estado de Chile y el género: Mucho de jure y poco de facto”

El Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas es un programa que comenzó a impartirse hace 9 años atrás, y a la fecha cuenta con más de 120 graduados/as especializados en perspectiva de género. Como parte de sus actividades de evaluación, las estudiantes realizaron trabajos escritos de análisis y reflexión sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Durante los siguientes días publicaremos algunas de sus columnas de opinión.


El Estado de Chile y el género: Mucho de jure y poco de facto

Verónica Navarrete. Psicóloga, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

El 31 de agosto el Ministerio de la Mujer y la equidad de género (MinMujeryEG) lanzaba la campaña “Quebremos los estereotipos” la cual se enmarca en la línea de trabajo de transformación cultural y tiene como objetivo principal hacer visibles formas de discriminación cultural contra las mujeres que son aceptadas en nuestra sociedad. Por otra el 11 de octubre la Teletón lanza su campaña 2016, todo chileno que se aprecie de tal sabe lo que es la Teletón y que uno de sus espacios destacados es la Vedetón. Es evidente -para algunos- que este segmento denigra a la mujer, y fue esto lo que llevó a la actriz Mónica Godoy a verse en medio de un conflicto protagonizado con el periodista Andrés Caniulef. Mónica fue invitada a participar a la Vedetón y se negó en tres oportunidades argumentando que no es un lugar donde se sentiría cómoda, a raíz de esto Caniulef la crítica diciendo: “Una actriz que se niegue a ejercer un rol como el de la Vedetón, no habla muy bien de ella”, Godoy respondió y a partir de eso el episodio fue comentado en diarios, radios, redes sociales y diferentes programas de farándula.

Lo anteriormente expuesto es una realidad de lo que es la televisión chilena, situación que se repite en diferentes países del mundo y que ha llevado a diversas ONG e instituciones, incluso a la ONU, a referirse al rol de la mujer en los medios de comunicación. ¿Qué tan relevante ha sido para la sociedad chilena institucionalizar el género?, ¿las políticas públicas causan algún efecto cuando los hechos de desigualdad y discriminación se repiten una y otra vez sin pudor alguno?, ¿sirve una campaña periférica en los medios de comunicación para quebrantar estereotipos cuando los estereotipos son el centro de la los mismos?

En el estudio realizado por la Universidad Diego portales llamado: La representación de lo femenino en la publicidad de TV abierta se concluye que el 89% de las mujeres que aparecen en la publicidad chilena son “extremadamente delgadas” y de ese porcentaje un 66% aparece “tonificada hasta el extremo”. Otro indicador relevante es que un 41% de las mujeres de los spot nacionales son rubias y el 95%, son de tez blanca y el 99% de la publicidad muestra a mujeres que pertenecen a un grupo socioeconómico ABC1-C2, es decir no hay representación de la mujer de sectores bajos y medios. Quise destacar un estudio nacional, sin embargo, estudios y resultados como estos se repiten a nivel internacional. Si existe discriminación no existe la admisión de la diferencia y por lo tanto la libertad del ser humano en la sociedad se ve limitada y si no existe ninguna de estas dimensiones entonces no hay igualdad. Si uno de los objetivos de la campaña del MinMujeryEG es denunciar el sexismo que subyace a estas formas de lenguaje verbal y/o gráfico, ¿por qué no se pronuncia ante estos casos de connotación pública? A mi juicio un ejemplo aparentemente tan banal resulta significativo para ver lo necesario que es fortalecer los pilares de la equidad y lo haría implementando acciones afirmativas que protejan -en lo facto- a la mujer de este tipo de exposiciones y/o trato en los medios de comunicación, que rompa con esas valoraciones jerárquicas en relación al género donde históricamente la mujer ha tenido un papel menor.

Entonces, es importante radicalizar las acciones implementadas a partir de las políticas públicas, porque hasta el momento la institucionalización del género no ha causado el impacto esperado, se busca más presencia de mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad, pero ¿con qué fin? ¿Solo para decir que aumentó el número de mujeres en política, medios de comunicación, cargos públicos y otros, o realmente queremos hacer una reconstrucción del rol de la mujer en la sociedad? La negación a radicalizar el proceso de trasformaciones se debe en parte a que el Estado y por tanto los Gobiernos no han considerado del todo en el interés colectivo de las mujeres en lo que igualdad y equidad se refiere, si así fuera no legitimaria prácticas extremadamente sexistas como la Vedetón. No es menor mencionar que la Teletón es considerada parte de la identidad chilena, así lo revela la encuesta realizada por la Fundación Imagen Chile, de acuerdo a los resultados la Teletón es el evento que más orgullo produce en los chilenos. Dicho esto, podemos afirmar que no existe un cambio de paradigma desde donde operan las políticas públicas en el país, no hay una transversalización de género.

Los avances existentes son innegables, pero si a esos avances les aplicamos el lapsus de tiempo en que se han generado podremos ver que es necesario acelerar el paso en la materia. No se están involucrando a todos los actores sociales y esto es fundamental para salir de la inequidad de género porque es en el día a día, en lo cotidiano donde los valores y practicas se cristalizan o transforman, es lo cotidiano lo que debe ser monitoreado.

Si con todo lo expuesto aplicamos los requisitos mínimos para saber si nos encontramos realmente frente a un país con perspectiva de Género, llegaremos al resultado que el país va en esa dirección, pero no la ha alcanzado del todo, no hemos llegado a una transformación real de la agenda política la cual se continúa configurando desde los paradigmas que siempre han existido. Si bien el presupuesto destinado a políticas públicas relacionadas con VIF y VCM ha aumentado 7 veces en los últimos 10 años esto no se ve reflejado en cambios sustanciales, discusiones claves como: aborto y matrimonio igualitario siguen mediados por juicios de valor pasando a llevar los derechos de igualdad que debería tener y experimentar toda persona, es decir existe claramente un conflicto de voluntades y compromiso.

Es verdad, se puede continuar avanzando, pero ese avance aún depende de que tan fuerte protestemos las mujeres, las minorías en general, cuando lo que se espera es que la mayoría alce la voz en su conjunto y la inequidad se desvanezca. Es necesario visibilizar majaderamente todo acto que atente contra el principio de igual, todo acto sexista y denigrante, es necesario que en el futuro todos los actores tengan conciencia de lo complejo que es ser una minoría y por sobre todo que se le provea de herramientas para reconstruir, reinterpretar y respetar la sociedad y todos sus miembros.

Columna de Opinión Estudiantes de Semipresencial Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas – “¿Son los PMG una estrategia real de transversalización del género en las instituciones chilenas?”

¿Son los PMG una estrategia real de transversalización del género en las instituciones chilenas?

Daniela Flores. Trabajadora Social, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

Sin duda en los discursos de muchos de los políticos de nuestro país afloran términos como la tan anhelada igualdad, entendida como un principio que plantea la equivalencia humana de todas las personas, teniendo como cimiento la igualdad en todos los ámbitos de los seres humanos. Si bien este término emerge en reiteradas ocasiones, es siempre asociado a las desigualdades meramente económicas, en donde las autoridades o aspirantes a serlo, hacen promesas asociadas a la instauración de estrategias para luchar por la desigualdad de ingresos de los chilenos, sin hacer alusión a otros ámbitos de importancia en la vida de las personas que pueden generar otras desigualdades sociales que influyen de manera significativa en el desarrollo de la sociedad.

Ahora bien, si dejamos el aspecto económico y nos centramos en otras desigualdades, ¿qué pasa con el género?, esta pregunta me surge luego de que últimamente existe un discurso generalizado sobre la importancia que debe tener el género en el aparato público, en donde muchas autoridades y actores sociales hacen alusión a la importancia de incorporar el enfoque de género en las políticas públicas, servicios, educación y en miles de otros aspectos cotidianos de las personas, sin embargo, pocos declaran las maneras de hacerlo, estrategias concretas, decisiones reales y/o mecanismos para acortar la brecha existente en términos de género en nuestra sociedad.

Como mencioné, si bien existe un discurso declarado en la opinión pública, estos discursos quedan en tela de juicio cuando las estrategias que buscan conseguir la igualdad de género están asociadas un PMG (Programa de Mejoramiento a la Gestión), en donde es normal que surjan dudas de la real importancia que se le está atribuyendo al tema por parte del Gobierno, al estar asociado a incentivos económicos por el cumplimiento de metas o cierto nivel de alcance de algunos indicadores establecidos.

Frente a las dudas que me genera la creación de los PMG, específicamente en los apartados asociados al género, tomaré una situación relacionada a mi trabajo. Hace un año, en la organización en la cual me desempeño como trabajadora social, postulamos al Fondo de Educación Previsional, perteneciente a la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del trabajo, en dicha postulación se hacía alusión a la importancia que en ésta oportunidad le darían al enfoque de género. En base a esto, como equipo de trabajo nos preguntamos a que se referían, y leyendo las bases del concurso, descubrimos que a lo que hacían referencia era la cantidad de mujeres que serían capacitadas y la cantidad de mujeres que integrarían el equipo de trabajo.

Es decir, bastaba con que pusiéramos a más mujeres dentro de los beneficiarios a alcanzar y más mujeres en el equipo de trabajo, para poder sumar los puntos disponibles en la evaluación de nuestra postulación en el apartado enfoque de género. Debido a esta situación es que me cuestioné si para que un proyecto pueda decir que tiene enfoque de género, basta con que en su equipo de trabajo cuente con más mujeres, sin importar los cargos asociados, es decir, en este caso igualmente el coordinador (cargo más importante) designado fue un hombre y las mujeres ocuparon roles asociados a la logística de la iniciativa, es decir, monitoras, productora local, secretaria, etc.

Esta iniciativa en particular tiene como objetivo capacitar a diferentes personas en seguridad social, es decir, beneficios, derechos y obligaciones del sistema de pensiones y pilar solidario, por lo que más aún es importante la existencia de un enfoque de género, en donde se está capacitando acerca de un sistema que hace grandes diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, la iniciativa solo busca la incorporación del enfoque de género en las postulaciones, debido a que la metodología y estructura de las capacitaciones están dadas desde la Subsecretaría, en donde poseen una estructura rígida y de iguales características sin diferenciar el público objetivo al cual se le está entregando la información. Es decir, no existe posibilidad de hacer una crítica a un sistema que al estar asociado al trabajo remunerado y las implicancias que tiene esto en las pensiones de las personas, se constituye como un sistema que discrimina a las mujeres y que funciona como un dispositivo que aumenta las brechas entre hombres y mujeres.

En base a lo anterior es que sale a colación la transversalización del género, la cual apunta a estrategias que involucran a todos los actores sociales en la búsqueda de la igualdad de género, ayudando a implementar medidas para corregir desigualdades; si bien los PMG podrían ser catalogadas como una herramienta de transversalización del género, en casos como este queda al descubierto que muchas de las iniciativas que se están adoptando, bajo el alero de enfoque de género, quedan absolutamente vacías si sólo está presente en el diseño de las iniciativas.

Es decir, en este caso se podría hacer referencia a la equidad, concepto que viene a iluminar muchos caminos que deberían tomar las políticas públicas, puesto que apunta a la igualdad de acceso a oportunidades, en favor de las personas que se encuentran en desventaja frente a un sinfín de situaciones; lo que se relaciona con el acceso que tienen o “deben tener” las mujeres en esta iniciativa para que una determinada organización pueda acceder a ser adjudicatario del fondo, pero que una vez en el papel, nadie se preocupa, ni ocupa de que exista un impacto real en atacar las desigualdades de las mujeres en relación a los hombres.

En el caso expuesto si bien existe una preocupación por el acceso a la información, garantizando que más mujeres puedan acceder, no existe un reconocimiento de que las mujeres deben informarse de manera distinta en la temática, puesto que estamos hablando de deberes y derechos que son distintos en razón del género.

Por todo lo anterior, es que en mi opinión la trasnversalización del género en el caso chileno se encuentra en pañales, es decir, aún no existen estrategias que garanticen la igualdad y equidad necesaria que permita que las mujeres puedan acceder a cierta información y que el tratamiento de esta información esté acorde a las necesidades de las beneficiarias, es decir, que exprese de manera clara las brechas existentes en el sistema de seguridad social, el cual no opera de manera igualitaria para hombres y mujeres; si bien el ejemplo es muy puntual, la intención es dar cuenta de que la existencia de un PMG en una determinada institución no garantiza que exista efectivamente un enfoque de género, o que las políticas públicas que estén emergiendo de ahí actúen como herramientas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, más aún, si existe retribuciones monetarias, expresa de manera más clara que no necesariamente se está apuntando a cambios estructurales, si no que puede estar supeditado a un simple cumplimiento de indicadores que probablemente no dan cuenta de cambios concretos al interior de una institución pública.

Columna de Opinión Estudiantes de Semipresencial Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas – “Educación con perspectiva de género”

El Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas es un programa que comenzó a impartirse hace 9 años atrás, y a la fecha cuenta con más de 120 graduados/as especializados en perspectiva de género. Como parte de sus actividades de evaluación, las estudiantes realizaron trabajos escritos de análisis y reflexión sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Durante los siguientes días publicaremos algunas de sus columnas de opinión.


Educación con perspectiva de género

Carmen Luz de la Prida. Traductora Inglés-Español, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

Este último año los temas de desigualdad de género han estado más presentes que nunca, entre otras razones por los lamentables casos de femicidios concretados y frustrados que han impactado y han llevado a la opinión pública a cuestionar las estrategias de prevención de la violencia machista por parte de la institucionalidad. Una de las herramientas que se han levantado desde distintas organizaciones de mujeres ha sido la promoción de una educación no sexista.

Los cambios a los que se enfrenta nuestro sistema educativo actual tratan principalmente de subsanar las enormes desigualdades que enfrentan niños y niñas en relación a la situación socioeconómica de sus familias, que se traduce en desigualdad de oportunidades e injusticia social. Sin embargo, la desigualdad por razones de género se ha mantenido invisibilizada. Es esta desigualdad la que mantiene y reproduce los roles que finalmente ellos y ellas deberán cumplir en su vida, manteniendo a las mujeres en un rol determinado que se manifiesta en profesiones específicas subvaloradas respecto a las tradicionalmente “masculinas” y además haciéndose cargo de las labores reproductivas ya que las políticas de corresponsabilidad en los cuidados son inexistentes en Chile tanto de manera institucional como cultural.

Este sistema es el origen de la violencia de género que se sustenta en la idea que las mujeres debemos cumplir ciertas expectativas de comportamiento y tener cualidades que son “naturales” al género como son la sumisión, la ternura, la pureza por nombrar algunas. El romper este molde supone una razón para ser controlada, golpeada o incluso asesinada. Todo esto se basa en construcciones culturales reforzadas por muchos dispositivos como son la familia, la sociedad y por cierto, la escuela.

Entre las prácticas que contribuyen a instalar desde temprana edad la cultura sexista tradicional están el contenido en los textos escolares que muestra a los niños y niñas desde los primeros años de escolarización imágenes de hombres como constructores de la historia y mujeres en roles secundarios o invisibles; el lenguaje sexista que utilizan docentes y que no incluye a las niñas, formándolas desde pequeñas en un sistema androcéntrico donde ellas forman parte de un mundo construido por y para los hombres; la invisibilización de niños, niñas y adolescentes de la diversidad sexual que contribuye a la problematización de las orientaciones sexuales diversas y fomenta el sexismo heteronormativo entre adolescentes en formación; los roles diferenciados que niños y niñas cumplen en el entorno escolar, promoviendo en las niñas la práctica de deportes menos agresivos, ser encargadas de las convivencias, concursos de reinas, entre otras.

Todas estas prácticas siguen vigentes y naturalizadas en las escuelas y liceos de Chile, sin que haya habido un cuestionamiento real desde los mismos establecimientos educacionales sobre la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el sistema escolar.

El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet declara una agenda de género transversal y vinculada con las políticas públicas más relevantes. Dentro de este contexto, el enfoque de género estará presente en el diseño de la Reforma Educacional.

A fines del 2014, el gobierno creó una unidad transversal encargada de impulsar la integración de la perspectiva de género en políticas y programas del ministerio y para apoyar, por cierto, la incorporación de este enfoque no solo en las instituciones municipalizadas sino también en los establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados.

Sin embargo, sabemos que el camino es largo y con muchos obstáculos. Las desigualdades y los estereotipos de género están naturalizados y profundamente enraizados en nuestra sociedad y la escuela no está ajena. Los discursos y las prácticas pedagógicas llevan consigo un currículum oculto que transmite las ideas y valores de los y las docentes en particular y de la institución en general. Es por esto que se requiere una etapa cero de sensibilización del tema, en que se intervengan los dispositivos culturales que promueven el sexismo y la reproducción de los roles de género.

Es una necesidad estratégica la institucionalización del género en el sistema educacional completo, desde la etapa preescolar hasta la educación superior como parte de un plan nacional del Estado que traspase los gobiernos, demasiado breves en nuestro país, y haga un trabajo sostenido con políticas públicas y programas que intervengan las relaciones culturales de género dentro de las escuelas, a través de prácticas concretas partiendo por la incorporación del enfoque de género en los currículum de la formación de profesores y profesoras en todas las universidades del país.

El desafío no es tener un sistema educativo que solo promueva desde el discurso la equidad de género, como sucede hoy, sino que nuestros niños y niñas sean educados en un sistema que los incluya a todos y todas con sus diferencias y particularidades, que crea en las personas y potencie sus capacidades y que impulse proyectos de vida autónomos que no estén determinados por el género. La meta es que nuestro sistema de educación trabaje por la igualdad en sus tres dimensiones; no discriminación, admisión de la diferencia y la libertad para construir una sociedad libre de violencia, justa y con oportunidades de desarrollo para todos nuestros niños, niñas y adolescentes.

Columna de Opinión Estudiantes de Semipresencial Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas – “Equidad de Género, ¿Realidad o utopía?…”

El Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas es un programa que comenzó a impartirse hace 9 años atrás, y a la fecha cuenta con más de 120 graduados/as especializados en perspectiva de género. Como parte de sus actividades de evaluación, las estudiantes realizaron trabajos escritos de análisis y reflexión sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Durante los siguientes días publicaremos algunas de sus columnas de opinión.


“Equidad de Género, ¿Realidad o utopía?…”

Nicole Chávez González. Antropóloga, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

En América latina desde mediados del siglo XX, se han generado condiciones para que diferentes actores se planteen la necesidad de incluir el tema de género en las políticas públicas, debido a la globalización, la recuperación de la democracia y el fortalecimiento de los movimientos sociales, lo que genera un estado en el que se lucha por los derechos para lograr la transformación de ciertas desigualdades existentes, sobre todo aquellas relativas al género; la subordinación de las mujeres, la igualdad y equidad, y el cuestionamiento a las estructuras de poder.

Es allí donde el Estado –entendido como una serie de instituciones y ejercido a través de un gobierno- debe regular las normas y colaborar en los cambios necesarios para alcanzar la igualdad y equidad. Ello a través del gobierno, su organización institucional y su actuar mediante políticas públicas, pero ¿puede el Estado –considerando sus fundamentos patriarcales y su favor a la población masculina- distribuir el poder y transversalizarlo? ¿Las políticas actuales son sólo un refuerzo de un modelo normativo que rige las relaciones entre hombres y mujeres o buscan efectivamente un cambio real? ¿Se puede mejorar la situación por medio de las leyes? Estas preguntas son difíciles de responder pensando en una solución verdadera en pos de las mujeres y sobre todo, en la igualdad de género para todxs y de una integración efectiva. Se deben crear políticas positivas al género, que rompan estereotipos y sean transformativas. Hoy se habla de querer alcanzar la equidad de género en países como Chile, y en diferentes espacios globales se generan alianzas para presionar a los Estados, pero me pregunto: ¿Se ha logrado realmente?

Principios de igualdad y equidad de género

Dentro de la lucha feminista, la búsqueda de la igualdad entre los géneros ha sido una constante. Durante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, en el año 1995, se sostuvo que la igualdad debía ser el principio que rigiera las construcciones de relaciones sociales entre los géneros, como fundamento ético de equivalencia humana sin jerarquías. Éste se fundaría en tres dimensiones: “la no discriminación, la admisión de la diferencia y la autonomía/libertad”, que se tradujeron a un lenguaje jurídico con el afán de integrarlos a los marcos normativos de las diferentes naciones comprometidas en esta lucha. Aquí destacan los conceptos de “igualdad de derecho e igualdad sustantiva”, donde los primeros son de jure –de derecho- y los segundos suponen un ejercicio real en su ejecución, es decir, que se cumplan de hecho. Si bien, se ha avanzado, aún queda salir del “papel”, de lo formal y lograr una implementación empírica para contribuir de verdad, puesto que al ser llevado a la realidad en su progreso y ejecución, muchas veces el objetivo se pierde, no logrando concretar la teoría en la praxis.

Ahora bien, la equidad no es un sinónimo de igualdad sino que es un mecanismo para transformar la igualdad de derecho en una sustantiva [1]. De esta manera, la equidad busca arreglar injusticias que obstaculizan el acceso para todos a la igualdad y a las oportunidades, a favor de aquellos que están en situación de desventaja. Las oportunidades deben ser posibles para todos desde el principio, en el acceso como también en los resultados, es decir, que los seres humanos puedan gozar, ejercer sus derechos y conseguir el desarrollo humano en lo económico, político y cultural, sin importar su género. Pero ¿Existe un consenso entre lo qué es equidad e igualdad? ¿Por qué se usan indistintamente? ¿Quiénes establecen estos conceptos? ¿Son aceptados por todos?

Transversalización o mainstreaming

En la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi, 1985, se comenzó a hablar de la institucionalización de género y durante la Cuarta Conferencia -10 años después- se impulsó definitivamente la incorporación del “mainstreaming” de género. El cual se ha ido implementando en cada país de América latina –a través de diferentes Mecanismos de Adelante para la Mujer (MAM)-, dependiendo de su singularidad en procesos sociales y políticos nacionales. Esto ha contribuido a que se vaya institucionalizando la igualdad en los cambios de roles de género, pero aún no logra un impacto real en la búsqueda de una transformación cultural de la sociedad en la equidad, a través de políticas con enfoque de género.

La transversalización de género es un concepto controvertido que posee una variedad de significados y envuelve distintos tipos de prácticas políticas. Es la estrategia más actual para analizar la igualdad en las políticas públicas. Posee un carácter transformador pues desea corregir las desigualdades entre hombres y mujeres, y establecer la igualdad en todas las fases del proceso de la gestión institucional, gubernamental u organizacional, asumiendo las fases operativas y abarcando a todos los actores del Estado, y no sólo a oficinas especializadas en las mujeres –de ahí su transversalidad-. Sin embargo, en general, las experiencias de este tipo no son más que una continuidad de las políticas anteriores de igualdad entre los sexos, por lo que no genera grandes cambios en la estructura institucional ni implica una transformación.

Para implementar el mainstreaming en nuestro país, se requiere voluntad y compromiso político en identificar las inequidades y desarrollar programas que las combatan, incorporándolos en la agenda política. El órgano responsable en Chile, es el SERNAMEG (Ex SERNAM), el que actúa como un MAM del Estado con sus “Planes de Igualdad de Oportunidades (PIO)”, pero que carece de incidencia en las esferas legislativas y judiciales. Finalmente, actúa como un espejo de la ideología dominante del Estado, sin cuestionar los paradigmas de género convencionales [2] y que dependen de las oportunidades y restricciones del medio político institucional. Se reconocen los avances pero queda mucho por recorrer para romper con ciertas resistencias de la desigualdad entre sexos, y no sólo de las mujeres.

A modo de conclusión

El problema de institucionalizar el género es que las luchas se transnacionalizan e institucionalizan, formando parte de agendas públicas o de organismos como ONU Mujer, entre otros, todos inmersos en el sistema capitalista neoliberal hegemónico. En vez de llevar adelante una pelea autónoma, el enfoque de género se ha ido inmiscuyendo cada vez más en instituciones del Estado, lo que sólo genera mayor dependencia económica, política y social, junto a jerarquías y burocracias útiles a intereses gubernamentales.

De esta manera, acompaño a las feministas radicales en la postura de un cuestionamiento a la estructura de Estado, el cual en vez de reivindicar una equidad, mantiene y aumenta las diferencias e impide el desarrollo armónico entre ambos géneros, pues siempre verá a la mujer como un elemento a someter bajo el poderío masculino. Y al mismo tiempo, sigo a proyectos decoloniales que buscan nuevas maneras de comprender las experiencias mediante una epistemología de acción política para transformar y descolonizar la realidad moderna occidental, que tiene bajo su poder al género, entre otras.

Además creo que los actores sociales deberían formar parte importante del proceso de construcción de una política pública, en las negociaciones, incidencia y toma de decisiones, al igual que en el diseño, formulación e implementación, a través de una consulta participativa entre todxs. Sólo así se pondrán cambiar las inequidades de género, en post de un anhelado modelo integral tanto para hombres como mujeres, desde abajo hacia arriba y sin asistencialismos. Son transformaciones que requieren la sociedad y el Estado mismo, donde se reflejen los compromisos tanto nacionales como internacionales que los países –como Chile- han asumido en relación con el tema de los derechos humanos y la equidad de género. Las mujeres continúan estando al margen en la construcción de nuevas institucionalidades y otros espacios de participación pública y política, mientras esto siga así, sabremos que no hemos alcanzado una equidad entre géneros y que no ha habido cambios estructurales respecto al tema en cuestión, por lo que continúa siendo una utopía.

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[1] CIEG (2014) Módulo Teorías de Género. Diplomado Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas. Santiago, Chile: Universidad de Chile.
[2] Virginia Guzmán y Sonia Montaño. Políticas Públicas e institucionalidad de Género en América Latina. Unidad Mujer y Desarrollo. Santiago: CEPAL. 2012

Columna de Opinión Estudiantes de Semipresencial Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas – “Educar para transformar y hacernos cargo”

El Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas es un programa que comenzó a impartirse hace 9 años atrás, y a la fecha cuenta con más de 120 graduados/as especializados en perspectiva de género. Como parte de sus actividades de evaluación, las estudiantes realizaron trabajos escritos de análisis y reflexión sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Durante los siguientes días publicaremos algunas de sus columnas de opinión.


Educar para transformar y hacernos cargo

María Cristina Campos. Psicóloga, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

Desde la revolución de los pingüinos, eso hace diez años aproximadamente, que los estudiantes vienen reclamando el derecho a recibir una educación laica, de calidad y acceso igualitario al sistema educativo como forma de disminuir la brecha existente, sostenida en las diferencias de clases, entre quienes tienen acceso a pagar una mejor educación, de aquellos/as que solo pueden acceder a la educación municipal y/o estatal. Hoy alguno de esas y esos pingüinos son universitarios que poco entienden de igualdad, menos de equidad. Pero, ¿qué se debiese entender por igualdad y equidad? La definición de igualdad que aplica para la perspectiva de género es aquella que entiende la igualdad como un principio cuyo fundamento ético es la equivalencia humana, sin calificaciones valorativas jerárquicas entre las personas. Esta debe traducirse en marcos normativos desde lenguaje jurídico entendiendo así la igualdad como un derecho que debiese ser aplicable para todos y todas. Asimismo se comprende por equidad asegurar que la población tenga acceso a las mismas oportunidades en orden de lograr la igualdad. A aquello es que queremos aspirar y acceder.

Pues bien, si la desigualdad que actual, producto del sistema neoliberal, tiene su fundamento en las diferencias de clase y la misma no ha sido resuelta, ¿que nos espera a la hora de visibilizar aquellas diferencias y desigualdades que genera el sistema patriarcal fundamentado en la superioridad de lo masculino por sobre lo femenino? ¿Cómo resolver una problemática que pocos y pocas perciben? Porque evidentemente las problemáticas de género son indiferentes para la mayor parte de la población, personas que han incorporado y naturalizado las diferencias del sistema sexo-género, entendiendo que las mismas son normales desde la cultura en que estamos situados y/o situadas. Difícil es entonces avanzar hacia la igualdad sin trasformaciones profundas en la educación formal y no formal, desde la socialización temprana en adelante. Es aquí donde me quiero detener para incorporar en el discurso la importancia de la transversalización comprendiendo la misma como una estrategia transformadora que nos permita avanzar hacia la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de derechos y oportunidades que nos permitan vivir en un país más justo. Claramente esta igualdad se debe ver reflejada en los planes y programas que el Estado, a través de sus políticas públicas, elabora para la población, mismas que deben ser ejecutadas por profesionales como nosotras.

Es así como, en el ejercicio de mi profesión y como profesional de las ciencias sociales trabajando para uno de los tantos organismos colaboradores de Estado, me he logrado percatar que al reproducir políticas públicas que incluyen el género dentro de las orientaciones técnicas, se sobreentiende que cada uno de nosotros y nosotras comprendemos y conocemos a cabalidad el enfoque de género, sin embargo he constatado en la práctica que son pocos y pocas las profesionales que entienden a qué se refiere el enfoque de género, aún más escasos/as encontrase con aquellos/as que logran integrar la mirada en el desarrollo de su trabajo e intervención profesional. Se visualiza así una de las principales dificultades para la incorporación del mainstreaming de género, aquella que refiere los mitos, prejuicios y desinformación de las personas responsables de la implementación de políticas públicas.

Importante entonces criticar como es que se está integrando el ya mencionado “enfoque de género en las políticas públicas de infancia”, específicamente aquellas vinculadas al área de protección. Desde mi perspectiva, tengo la sensación que el conocimiento en género es bastante básico, algunos profesionales consideran que incorporarlo en trabajo cotidiano es hablar de ellos y ellas, nosotros y nosotras, sin comprender que es más profundo que eso, y que por tanto implica una forma distinta y compleja de mirar el mundo y las relaciones humanas, implica cuestionarse nuestro propio actuar y las formas en que nos relacionamos y vinculamos con otras personas.

Ahora, ¿cómo desarrollar un mejor trabajo, uno que nos permita ejecutar programas con orientaciones técnicas con enfoque de género sin contar con el conocimiento necesario para ello? Creo que existe responsabilidad del mismo Estado y de los organismos colaboradores en que los profesionales a cargo de ejecutar programas, por tanto trabajar con niños, niñas y sus familias cuenten con la especialización en el área. Pero, ¿quién se hace cargo de capacitar? ¿Se visualiza el género como un eje de estudio necesario en lo profesional y por tanto importante de profundizar? Desde mi experiencia creo que hoy por hoy es más importante especializarse en áreas de estudio tradicionales validadas por la academia, mientras que el género continua siendo del gusto de solo algunas mujeres, que por lo demás son feministas, devaluando todo sustento teórico y años de investigación que dan piso y peso al género como área de estudio. Nos enfrentamos a otro conveniente para la incorporación del mainstreaming de género, aquel que menciona la necesidad de contar con profesionales, es decir, recursos humanos capacitados en género que logren ser agentes facilitadores en el proceso de incorporación del enfoque de género en la implementación de políticas públicas.

Evidentemente falta bastante por avanzar, partiendo por incorporar el enfoque de género en las mallas curriculares de las distintas universidades que forman a cada uno/a de los y las profesionales que luego ejecutan políticas públicas, además de capacitar a quienes ya se encuentran insertos en el sistema laboral, además del interés personal por autoeducarse y validar los estudios de género como una perspectiva capaz de ampliar la mirada de la situación familiar y/o personal de los niños y niñas con las que trabajamos, de modo de realizar mejores acompañamientos, logrando un mayor entendimiento de la situación en que se encuentran focalizando la mirada en lo social-cultural y no solo en lo individual.

Columna de Opinión Estudiantes de Semipresencial Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas – “La Secretaría Técnica de Igualdad de Género de la Corte Suprema y el mainstreaming como su estrategia de acción”

El Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas es un programa que comenzó a impartirse hace 9 años atrás, y a la fecha cuenta con más de 120 graduados/as especializados en perspectiva de género. Como parte de sus actividades de evaluación, las estudiantes realizaron trabajos escritos de análisis y reflexión sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Durante los siguientes días publicaremos algunas de sus columnas de opinión.


La Secretaría Técnica de Igualdad de Género de la Corte Suprema y el mainstreaming como su estrategia de acción.

Ana Cristina Villarreal. Abogada, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

El pasado 8 de julio el pleno de la Corte Suprema aprobó la creación de la “Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no discriminación” que tendrá como objetivos principales promover las políticas y acciones destinadas a que tanto los integrantes del Poder Judicial trabajen en espacios igualitarios y libres de violencia y no discriminación como a garantizar la igualdad y no discriminación de todas las personas que acceden al servicio judicial.

Si bien dicha Secretaría Técnica aún no ha dado inicio a sus actividades (se encuentra en etapa de diseño e implementación), me parece que las personas que trabajan en ello debiesen preguntarse, desde ya, cómo el nombre de la entidad guiará su propia estrategia. En efecto, como todo lo humano (y como el género mismo) lo simbólico produce efectos en la realidad, por lo tanto, me parece que no es baladí el nombre con que se denomine a esta futura “Oficina de Género de la Corte Suprema” cuando comience a funcionar pues ello encausará de hecho sus políticas y acciones.

El principio de igualdad, uno de los principios fundantes de nuestras actuales democracias, forma parte de un ideario político y jurídico desde los tiempos de la Ilustración. En efecto, el viejo paradigma de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad parece resistirse a pasar de moda y a connotar valores que a veces no se explican por sí mismos o requieren reinterpretaciones y adecuaciones. Para las personas que algo saben del tema género no es desconocido que las feministas ilustradas (Wollstonecraft, De Gouges, por ejemplo) rechazaron el ideario revolucionario por misógino y sexista. Tampoco es desconocido que uno de los dilemas no resueltos de los feminismos es la elección de la igualdad o de la diferencia como elemento de análisis basal. Del mismo modo, es sabido que, en un intento de afinar los conceptos a objeto de construir paradigmas de alcance global, las cuatro Conferencias Mundiales de la Mujer (1975, 1980, 1985 y 1995) han establecido definiciones de igualdad entendiendo ésta como un fin último a alcanzar.

Dada la posición institucional del Poder Judicial en el Estado, pienso que, sin lugar a dudas, lo que se haga en términos estratégicos, simbólicos y prácticos tendrá consecuencias en la forma es que se interprete, de aquí al futuro, la igualdad como derecho humano. Además, las políticas y acciones que deberá implementar la Secretaría Técnica tendrán un componente ad intra (para quienes trabajan en el Poder Judicial) y ad extra (para los usuarios), las que deberán tener enfoques distintos, pero siempre enmarcadas dentro de las normas constitucionales y legales que rigen en actuar del Poder Judicial. En esta posición – delicada y privilegiada al mismo tiempo – el mainstreaming de género será una herramienta poderosa de la que echar mano.

Entendido el mainstreaming de género como una estrategia para el logro de la igualdad mediante la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, será aquel la herramienta articuladora más relevante que la futura Oficina de Género tendrá que saber administrar, tanto para analizar, con enfoque de género, los procesos internos de la organización, las normas que sustentan las decisiones judiciales y las relaciones del Poder Judicial con otros actores del sistema (por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y el Congreso a la hora de discutir el presupuesto o las asociaciones gremiales que existen en su interior al momento de analizar procesos internos como los sistemas de concursos y de sanción a situaciones de acoso laboral).

Desde esta perspectiva, todo lo que la Secretaría Técnica haga tanto para la creación de un discurso que legitime su acción, como para aumentar y potenciar el conocimiento e información del tema en todos los niveles de la institución, para articular los intereses de los diversos estamentos y para instaurar sistemas de seguimiento y monitoreo permanente, será vital para el logro de sus metas y para que la política de género no se traduzca en algún tiempo más – y como algunos ya reclaman en la Unión Europea – “en el trabajo de todos, pero la responsabilidad de nadie”.

En el inicio, la sensibilización será primordial, pero también lo serán los diagnósticos internos de desigualdad y discriminación y los externos, es decir, saber cómo el Poder Judicial reproduce desigualdades, por ejemplo, en el trato a usuarios. Es cierto que la labor identitaria del Poder Judicial está en la decisión, esto es, en las sentencias que resuelven los asuntos sometidos a conocimientos de los jueces, pero “resolver con perspectiva de género” no será suficiente, puesto que lo importante será, más bien, el “ejercicio de la función con perspectiva de género”, entendida como un todo, tanto desde que el/la funcionario/a llega día a día a su trabajo como desde que el/la demandante o el/la demandado/a ponen un pie en el tribunal. En este sentido, por ejemplo, perspectiva de género es entender qué le pasa a un juez/a cuando se enfrenta a un usuario/a transexual o transgénero, cómo lo nombra, cómo lo recibe, tanto como debiese ser importante que el juez/a sea capaz de comprender las posición que una persona de acuerdo a los roles de género socialmente construidos, es decir, que maneje los operadores analíticos del género.

Para la incorporación del Género, el Poder Judicial se encuentra hoy en un momento privilegiado, pues tiene todo por hacer. En este sentido, la apelación a la igualdad debiese ser su horizonte normativo y la equidad debiese ser su práctica cotidiana.

Columnas de Opinión Estudiantes del Diplomado Género y Violencia – La violencia desde lo simbólico y lo privado

El Diplomado de Extensión Género y Violencia es un programa que comenzó a impartirse como Curso de Especialización el año 2010, debido al creciente interés por abordar ambas temáticas desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. El 2013, este curso se consagró en un Diplomado de Extensión, teniendo sólo 12 estudiantes. Este año (2016), 28 estudiantes de diferentes áreas profesionales cursan el diplomado, demostrando que la violencia analizada desde la perspectiva de género es una temática crucial para la transformación de la sociedad hacia relaciones éticas, igualitarias e inclusivas de género.

Como parte de sus actividades de evaluación, los y las estudiantes realizan trabajos escritos de análisis y reflexión crítica sobre los temas trabajados en clases. Esta semana publicaremos algunas de sus columnas de opinión, en donde reflexionaron en un tema de elección personal. 


Trabajo doméstico: un problema de género.

Por Evelyn Chaparro

El trabajo doméstico en Chile y en Latinoamérica tiene sus orígenes en una tradición cultural, social y económica en la sociedad, es por ello que es una actividad realizada principalmente por mujeres, la cual se ha ido entramando a la par con la estructura de género y sus relaciones de poder, en donde existe una subordinación por parte de las mujeres en relación con los hombres sostenida a través del sistema patriarcal.

De ahí que el trabajo doméstico ha sido históricamente visto como un trabajo reproductivo y no productivo. Atribuyendo esta característica justamente por la condición reproductiva de las mujeres, donde pareciera que los temas de la mujer se limitan a su corporalidad. Nace así su confinamiento al dominio de lo doméstico, en donde permanece a cargo de la crianza de los niños y la reproducción cotidiana. Esta cercanía de la mujer al ámbito doméstico hace que la esfera de sus actividades se mueva en relaciones intra e interfamiliares, en oposición al hombre que se mueve en el dominio público y político de la vida social (Montecino; 1997).

¿Pero qué caracteriza al trabajo doméstico por sobre otros tipos de trabajos formales desempeñados por mujeres?

Lo primero que caracteriza el trabajo domestico frente a cualquier otro tipo de trabajo formal es que el Código del Trabajo lo tomó durante mucho tiempo como un trabajo “especial” debido a la naturaleza de este, ya que era realizado en el espacio íntimo del hogar de quien fuera su empleador/a , mismo lugar que eventualmente podría vivir la trabajadora. La no regularización de este trabajo al no tener contrato, ni una jornada laboral establecida, ni conocer las labores que se deben desempeñar expuso a las mujeres a una total desprotección de sus derechos como trabajadoras y las discriminaba en comparación a otras trabajadoras y trabajadores.

Lo más común es que quienes prestan servicio doméstico sean las únicas personas que trabajen en las casas, por lo tanto crea una situación de mayor temor a la hora de denunciar en caso de sufrir algún abuso por parte de su o sus empleadores/as. Dado esto, es que fue clave la organización por parte de las trabajadoras, que quienes gracias al aporte de los movimientos feministas comenzaron a tener un rol más político, a través de la representación de lo que hoy conocemos como Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Este sindicato logró que el Gobierno firmará el Convenio 189 de la OIT en el 2013, comprometiéndose a incorporar las demandas laborales de este rubro, culminando más tarde en el 2015 con la promulgación de la Ley 20.336 de Trabajadores de Casa Particular, regulando así sus principales demandas (jornada laboral; alimentación y alojamiento; descanso semanal; y uniformes).

Otra característica importante de analizar es que al ver el trabajo doméstico como una labor únicamente reproductiva y remirarlo como una labor productiva posiciona a la mujer a un “doble rol”, considerando que cuando la mujer se incorpora al trabajo, esta no deja de preocuparse y ocuparse de las tareas del hogar.

La dificultad de compaginar la vida familiar y laboral lleva a que las personas que contratan a las trabajadoras de casa particular sean mayoritariamente otras mujeres, que trabajan y que pertenecen a otra clase social. Esto es lo curioso, que pese a que la mujer salga a trabajar no busca como solución para compatibilizar la vida laboral y familiar, redistribuir las labores propias de hogar, sino que busca a otra mujer para que lo haga. Se podría decir, que la mujer da un paso a su desarrollo personal y económico, pero no es capaz de negociar con el hombre un intercambio de roles de género, pero sí experimenta un cambio en las posiciones de poder. Como lo señala Montecino, es ahí donde surge la idea de posicionamiento dando el siguiente ejemplo: una mujer de algún país latinoamericano, profesional de clase media, casada, atravesará por distintas posiciones en un mismo día: puede estar en una relación de subordinación con su esposo; pero de superioridad frente a su empleada doméstica; luego, en el trabajo está en un posición superior a la del estafeta y el secretario; en igualdad con sus pares y en subordinación con su jefe, etc.

No se puede dejar de mencionar sobre el trabajo doméstico como este está marcado por “la clase”. En este contexto, este tipo de trabajo es realizado por mujeres de sectores más vulnerados, migrantes de campo-ciudad y/o extranjeras. Poder acceder a una fuente laboral de manera rápida que no exija especialización, hacen del trabajo doméstico una llamativa oferta laboral, especialmente porque a diferencia de otro rubro, este se da en la esfera privada de una familia y, a veces, en el mismo lugar donde habita la trabajadora.

Las trabajadoras de casa particular, según la OIT, generalmente son migrantes que vienen ya sea del Sur de Chile o de otros países, dato no menos importante, ya que el trabajo doméstico es un trabajo que esta segmentado de manera importante según la nacionalidad, sobretodo en países como Chile donde más de la mitad de las trabajadoras de casa particular son de nacionalidad peruana. Según la OIT, las trabajadoras de casa particular peruanas a diferencia de sus pares chilenas, tienen más educación formal y están más preparadas para desempeñarse en otros rubros, pero al llegar a Chile se ven expuestas a las mismas condiciones que las mujeres chilenas: bajos salarios y discriminación, e inclusive experimentan una brecha más amplia que con sus pares hombres, de lo que ocurría en su propio país.

Es importante también reflexionar sobre como el Estado a través de sus organismos, ha ejercido y sigue ejerciendo una violencia simbólica sobre el trabajo doméstico en sí y sobre las mujeres que lo desarrollan. Las prácticas que han contextualizado este rubro, forma parte del esquema asimétrico de poder, caracterizado por los roles sociales y de género; siendo invisibilizado en la sociedad. Sin embargo, esta invisibilización duró hasta que fueron las propias mujeres quienes -quizás sin saber- quisieron dejar de ser víctimas de este sistema patriarcal que constantemente las violenta primero por ser mujeres, luego por el trabajo que desarrollan y luego por ser pobres.

A propósito de esto me planteo las siguientes interrogantes ¿Qué le falta al Estado para ser garante de derechos para todas y todos los trabajadores? ¿Habrán otros sectores que aún se encuentran invibilizados y en los que también se transversaliza el género, la clase social, el trabajo y/o etnia?

Me parece además que cuando cualquier problemática social esta cruzada por el género, es imposible pensar que cualquier detalle, por mínimo que sea, deje de ser relevante. Y es así como, a mi juicio, debemos modificar nuestra forma de hablar en lo relacionado al trabajo doméstico, ya que como es sabido, “el lenguaje crea realidad”. Debido a esto, unas de las principales demandas que las agrupaciones sindicales de este sector han puesto en la palestra, es que sean reconocidas como trabajadoras y dejar de nombrarlas como “nanas” o “asesoras del hogar”, para simplemente llamarlas “trabajadoras de casa particular”.

Por otra parte y dejando en claro que el trabajo doméstico es una actividad donde mayoritariamente son mujeres las que trabajan, se puede reconocer que los rubros altamente feminizados se encuentran en una situación de vulneración distinta –generalmente más baja – a la de los sectores altamente masculinizados. Si sumado a eso, pertenecen a los sectores más vulnerados económicamente de la sociedad o pertenecen a algún pueblo originario, esta situación se ve aún más precarizada.

En conclusión, está claro que en el trabajo doméstico existe la intersección del género, clase social y nacionalidad ubicando a las mujeres in-migrantes en los niveles más bajos del mercado laboral, lo que la hace mano de obra barata y lo que la deja ausente sobre los debates económicos. No se trata que haya más leyes a “favor de la mujer” sino que las leyes sean más justas para todas y todos, sin importar el espacio donde se lleva a cabo su trabajo. Es por esta razón, que el debate en los temas que deben trabajar las políticas públicas en lo económico, social y cultural debe ir hacia un enfoque de igualdad de derechos y de inclusión, donde la diversidad étnica aporte al debate y no se vaya desplazando como hasta ahora ha ido ocurriendo.


La violencia contra las mujeres considerada como un asunto doméstico y privado. 

Por María José Wilson

La ley que protege la violencia en Chile, es la ley número 20.066, llamada ley de Violencia Intrafamiliar (VIF), de solo nombrarla se me viene a la mente una pregunta ¿no existe violencia fuera del ámbito familiar?, es decir ¿la violencia hacia las mujeres solo podemos visibilizarla o condenarla en asuntos privados?. Así las cosas, la ley circunscribe a la mujer dentro de un ámbito privado, de relaciones de familia, invisibilizando que la violencia contra las mujeres tiene como base dominar a una mujer que se sale de lo socialmente impuesto, lo que tiene lugar en los distintos espacios donde se desenvuelven: en lo laboral, en la salud, en la educación, en las mismas calles y en todo espacio público. En este sentido el Estado no está garantizando a las mujeres ser sujetos libres de violencia en todos los ámbitos.

Desde el trabajo que realizo diariamente en un dispositivo Centro de la Mujer con profesionales en la línea de atención, trabajadores sociales, psicólogos y también en línea de prevención, he podido no solo observar sino atender a mujeres que llegan relatando hechos de violencia, pero que a la luz de la ley se encuentran totalmente excluidas, mujeres que se encuentran en una total desigualdad. ¿Cuál es la razón? Son mujeres que por ejemplo, no han convivido con el agresor, o no tienen un hijo o hija en común, o mujeres que son hostigadas diariamente o acosadas por un hombre que no tienen un vínculo afectivo, y por tanto no se encuentra dentro de los términos que encuadra la ley para ser sujeto de una denuncia, existe una desprotección por el hecho de no poder ejercer acciones legales, y esto provoca, frustración, impotencia, vulnerabilidad y vuelve a situarlas en una doble victimización, donde además de sufrir violencia por parte de un tercero, son violentadas por el sistema.

En virtud de este problema, la Convención de Belem Do Para hace presente y deja claro que las mujeres viven violencia en lo público y lo privado. Ahí se habla de que las mujeres vivimos violencia por el simple hecho de ser mujeres.

Por otro lado, según la definición obtenida en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia de género es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.

No estamos siendo capaces de crear conciencia de la realidad de la violencia contra las mujeres, ni tampoco estamos aplicando en la propia ley lo que se está visibilizando tanto en lo privado como en lo público, existe una incapacidad institucional de modificar no solo el fondo de la ley sino también las formas, porque al encuadrar la violencia hacia la mujer en el ámbito privado, llamándola “violencia intrafamiliar” estamos construyendo un lenguaje y naturalizando la violencia solo en este contexto.

Judith Butler en “Marcos de Guerra: vidas lloradas”, nos dice: “Una vida concreta no puede aprehenderse como dañada o perdida si antes no es aprehendida como viva. Si ciertas vidas no se califican como vidas o, desde el principio, no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se considerará ni vividas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras”. Mientras la vida de las mujeres sea concebida como lo es, mientras no se la considere como un sujeto de derecho en todo ámbito, seguirá invisibilizada la violencia que sufre en lo cotidiano.

Necesitamos ampliar la concepción en la sociedad de la violencia hacia la mujer, hoy solo estamos visualizándola en una sociedad patriarcal, la cual las sitúa en un lugar, en una intervención concreta y privada, que solo permite al Estado hacerse parte de aquella violencia que ocurre en un contexto intrafamiliar y entre cuatro paredes. No se está contemplando ni una protección, ni un ejercicio de acciones legales de la violencia hacia la mujer en lo público, el Estado no se está haciendo responsable, ni en lo legal, ni en la educación, ni economía y menos en la política.

Por tanto, puedo concluir que la violencia hacia las mujeres sigue siendo considerada como un asunto entre privados, no basta una ley VIF, ni una ley de femicidio, falta leyes que respondan en forma integral no solo a la violencia contra las mujeres, sino a la violencia de género, y no solo a las mujeres mayores de edad, sino a toda mujer cualquiera sea su edad, ámbito en que se desarrolle, y a toda forma de violencia.

Actualmente existe un proyecto de ley contra el acoso sexual callejero, que tiene como objeto, contribuir a erradicar las prácticas de acoso sexual callejero que experimentan mujeres, hombres, niñas y niños en Chile y plantea la importancia de reconocer el acoso sexual callejero como un tipo de violencia, sin embargo no se está plasmando en su totalidad un verdadero compromiso por parte del Estado en la erradicación de la violencia contra las mujeres.


La Mujer envuelta en Violencia.

Por Jhoanna Castillo

Desde el inicio de la Historia, la figura cosmogénica central, la fuerza procreadora, la causante del pecado mortal, que nace de una costilla del hombre, estaba personalizado por una representación mujer, simbolizado detalladamente por una figura delgada, senos, vientre, nalgas, con un agujero entre las piernas (vulva) con un útero fértil del que nacerían todos para cuidar, proteger y regenerar el mundo. La descripción de una “Gran Mujer”.

Un discurso que marca el inicio de un Sistema Patriarcal que regiría la vida y proyección del género femenino. La época posmoderna se ha caracterizado como una sociedad donde la muerte y la violencia se convierten en un hecho cotidiano, o como bien refiere Rita Segato, “normalizado y naturalizado” con el que se convive día tras día con resignación y dolor. Si leemos la biblia o la historia de la ciencia, o las relatos antiguos de “quema de brujas” o si solo mencionamos lo que expresaba Foucault en “Vigilar y Castigar” sobre el espectáculo popular que eran ejecuciones en la plaza del pueblo medieval, nos encontramos con claras escenas de Violencia que bien parecen sacados de una película de terror.

Pero si nos situamos en la actualidad, “Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida” estadísticas que evidencian que la violencia doméstica es el claro ejemplo de discriminación contra la mujer, ya que su origen es la jerarquía propia del patriarcado con una total subordinación de la mujer. En Chile, sólo desde 1991 la violencia es reconocida y abordada como un problema público.

Sobre la Violencia Sexual que es una visión detallada del patriarcado al tomar la dominación total del cuerpo. Rita Segato mencionaba “La Violación no puede visualizarse, porque la experiencia, tanto físico como psicológico es INTERNA, la violación ocurre DENTRO” a ese cuerpo femenino sexuado, que es condenado a constantes torturas, mutilación de su poder y aniquilamiento de su voluntad, donde cada proceso de dominio es un sumado a la representación de poder del hombre, que además lo sigue instaurando y ratificando en la norma, en un sistema donde la mujer sólo es un territorio de posesión y sufrimiento.

En este contexto no es difícil poder imaginar que esta violencia moral, física y psicológica en todos los casos, (exceptuando casos puntuales relacionados a altos estatus económicos de las victimas) eran desapercibidos, ignorados e invisibilizados. Y es que la violencia procede del establecimiento del concepto y de la idea de la mujer como inferior y como propiedad del hombre, a los que deben respeto y obediencia donde se refuerza el discurso religioso que nos presentan como malas, pecadoras y peligrosas, donde además se hace evidente una forma de castigo “preventiva” y “correctiva” para la mujer, con la única razón de pertenecer al sistema heterogénero establecido como “aceptado”.

Segato explicaba que la impunidad “lejos de ser la causa del crimen, es su consecuencia, pues la cofradía sella su pacto de silencio y lealtad con el cuerpo profanado en complicidad” la razón seria acreditar a los cofrades para el ingreso y permanencia en el orden de los pares. Es decir, formas específicas de legitimación, basadas no en su condición de persona sino de cuerpo de mujer. Esta legitimación nos muestra la violencia estructural que ejerce el Estado, el que además está transversalizado por el contexto simbólico que se tiene sobre la feminidad, la falta de objetividad en las investigaciones, la ineficiencia e impunidad, falta de sensibilidad y sobretodo carentes de conocimientos sobre la violencia de género.

A medida que las sociedades avanzan, con ello el crecimiento de un sistema patriarcal que toma más valor con nuevas formas de vulnerabilidad del cuerpo de la mujer, con más escenas de películas de terror, casos como el de Nabila Rifo, una joven a la cual su pareja le saco los ojos, los femicidios que ocurren anualmente, los frustrados y las miles de mujeres violadas y victimizadas que acuden a los centros de la Mujer. Entonces, si unimos el discurso tradicional de la biblia y la iglesia, con el discurso científico, observamos que desde todas las perspectivas ideológicas ha estado y está justificada la violencia. Lo que se tiene claro es que sólo un sujeto a quien se reconoce plena autonomía puede ser golpeado y violado “contra su voluntad”, contra su consentimiento, asumiendo entonces que la mujer se encuentra ubicada en una situación de total indefensión y desprotección del Estado.

La realidad nos lleva al análisis y nos presenta el escenario de la indefensión y vulnerabilidad en la que vivimos las mujeres, la principal dificultad es que la violencia de género esta “invisibilizada”, otro aspecto importante es la impunidad con la que el Estado entiende el delito, la falta. Existe la marginalización, la falta de parcialidad, la justificación hacia estas prácticas violencias contra la mujer y el retardo procesal que está tipificado como otra forma de violencia. Otro factor en contra es la resistencia al cambio que presenta una sociedad – Estado con miedo a perder su inequívoco poder.

Lo cierto es que es el momento de la revisión de nuestras representaciones sociosimbólicas, buscar y descubrir nuevas formas de nombrar y clasificar el mundo, de des-conocer, de des-aprender para poder resignificar desde nuestra lucha interna el lugar que ocupamos en el mundo, crear leyes específicas que resguarden una vida sin tortura para todas las mujeres. Lo que tenemos es que colocar en un signo de interrogación a todas las exclamaciones que hemos aprendido desde pequeñas. ¡Los hombres son más fuertes! ¿Por qué los hombres son más fuertes? ¡Las mujeres somos débiles! ¿En serio somos débiles?

Para construir el futuro de la mujer, se requiere que el principio de la feminidad, que por tanto tiempo ha sido negado, degradado y subordinado en ambos, tanto en nuestros sistemas de creencias como en nuestras vidas, sea RE- ESTABLECIDO en su lugar correcto. La lucha no es a la libertad de hacer lo que queramos, la lucha es contra todo tipo de REPRESIÓN en la que vivimos las mujeres.

Columnas de Opinión Estudiantes del Diplomado Género y Violencia – Reflexiones en torno a la legislación sobre violencia de género

El Diplomado de Extensión Género y Violencia es un programa que comenzó a impartirse como Curso de Especialización el año 2010, debido al creciente interés por abordar ambas temáticas desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. El 2013, este curso se consagró en un Diplomado de Extensión, teniendo sólo 12 estudiantes. Este año (2016), 28 estudiantes de diferentes áreas profesionales cursan el diplomado, demostrando que la violencia analizada desde la perspectiva de género es una temática crucial para la transformación de la sociedad hacia relaciones éticas, igualitarias e inclusivas de género.

Como parte de sus actividades de evaluación, los y las estudiantes realizan trabajos escritos de análisis y reflexión crítica sobre los temas trabajados en clases. Esta semana publicaremos algunas de sus columnas de opinión, en donde reflexionaron en un tema de elección personal. 


Todos somos Nabila Riffo! Violencia contra la mujer y los alcances de la legislación.

Por Mariela Cespedes

Hemos sido testigos en estos días de uno de los casos visibles de la violencia contra la mujer, el caso de Nabila Riffo, quien fue víctima de un ataque brutal, donde le fueron arrancados ambos ojos y donde el principal sospechoso es su ex pareja, quien había sido denunciado con anterioridad por Nabila durante el año 2015. En aquella oportunidad, el sospechoso, se había presentado en su casa amenazándola con un hacha.

Así, trabajando sobre esta temática como Psicóloga en uno de los centros de la mujer de SERNAM, me he enterado la existencia de varios casos de femicidio frustrado, con consecuencias de daño tan graves como el de Nabila, sin embargo, no han tenido el apoyo necesario de las instituciones encargadas y sus agresores aprovechan día a día dichas falencias para seguir violentándolas, poniendo en riesgo sus vidas.

Es entonces cuando uno piensa hasta cuando. Las leyes se modifican cada cierto tiempo, sin embargo, quedamos con la sensación de que no avanzamos mucho. ¿Por qué, entonces se mantiene la violencia contra la mujer?.

Todo se lo responsabilizamos al modelo del patriarcado y su impulso de odio hacia la mujer. Dicho odio se explica a través de la teoría del feminicidio y como señala Rita Segato en Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente (2006), se generaría con “la infracción femenina a las dos leyes del patriarcado: a la norma del control o posesión sobre el cuerpo femenino y a la norma de la superioridad masculina”.

Por lo tanto, la respuesta de odio se activa en el momento que la mujer decide ejercer autonomía en el uso de su cuerpo, decide no seguir las reglas de fidelidad o de celibato y por ende ataca la honra masculina. Lo anterior se ve replicado cuando la mujer accede a posiciones de autoridad, obtiene poder económico o poder político (posiciones tradicionalmente ocupadas por hombres).

Nos encontramos, entonces con que la función primordial del modelo del patriarcado es mantener, retener y reproducir el poder de la masculinidad hegemónica. Por lo tanto, la relación de esta hermandad masculina depende de este modelo para mantener la simetría de relación entre sus pares en el eje horizontal y como pre requisito se debe mantener la asimetría en el eje vertical con la posición subordinada (mujer). Se expresa entonces dicha subordinación de la mujer a los miembros instalados en el eje horizontal, en manifestaciones simbólicas, como la obediencia afectiva, sexual, intelectual, productiva y reproductiva.

Además, desde esta posición, aparece la sanción moral sobre el cuerpo de la mujer y toda una fuerza colectiva con prácticas de larga data histórica, con normas que legitiman su función sobre el cuerpo femenino. Por lo tanto, nos encontramos con que las masculinidades se construyen colectivamente y dicha hegemonía es más probable que se mantenga si está apoyada por el poder institucional.

En contraste, también existen hombres que tratan de distanciarse de este referente, pero no les resulta fácil, por la carga que representa y porque también les permite hacer uso del poder, logrando mejores posiciones en relación a las mujeres y a otros hombres inferiores en la jerarquía de posiciones.

¿Entonces cuales son las limitaciones de la institucionalidad para sancionar la violencia contra las mujeres?

Primero, su base en las definiciones de violencia que contiene la ley y la no existencia de una ley específica de violencia contra la mujer. Luego, la insuficiencia de los recursos asignados y en la débil capacitación de las personas que operan el sistema.

Por ejemplo, nos encontramos con estudios de SERNAM donde se ve reflejado que en Carabineros de Chile (institución que capta la casi la totalidad de las denuncias), todavía existe “debilidad en la capacitación para redactar un parte o denuncia con detalle, bien informada y que incluya la recomendación de cautelares”, además, “debilidad en la función de acogida… que no ponga en duda los relatos de las mujeres, ni las culpen e informarlas correctamente de los pasos a seguir (capacidad potencial para transmitir seguridad a las mujeres)” (Sernam, 2009:252).

Por otro lado, aún contando con la legislación para controlar y sancionar hechos de violencia, como violencia intrafamiliar, abusos sexuales y acoso sexual, pareciera no tener mayor impacto en estos hombres que cometen agresiones. Esto se explicaría, porque la gravedad de su agresión se vería neutralizada por las convicciones culturales, es decir, la ley se ve abortada por la cultura patriarcal, pues su fuerza impide la internalización de la norma. Entonces, el agresor actúa bajo dicha ley patriarcal, por lo que tiene interiorizado que tiene el derecho de castigar a quienes están bajo su subordinación (mujer, hijos).

Es aquí cuando aparecen las creencias de los hombres sobre tener el derecho exclusivo de sus parejas y las matan para vengarse de una supuesta falta de consideración hacia ellos, para reafirmar su masculinidad sometiendo a la mujer a la ley patriarcal, donde “los hombres son los importantes y las mujeres giran en torno a ellos”.

Así es como la violencia contra la mujer se nutre de una cultura de devaluación y control jerárquica de alto contenido simbólico que influye instancias policiales y jurídicas. Los factores culturales indirectamente legitimarían este tipo de violencia, junto con la legislación ineficiente,la demora en la reacción de la policía, la justicia y a la baja prioridad que le dan a este tipo de crímenes.

Es necesario trabajar rigurosamente en la sensibilización y capacitación en derechos humanos de las mujeres con los profesionales de dichas áreas, ya que muchos desconocen las convenciones internacionales y se resisten a aplicar los principios en los cuales estos se basan.

Por último, todos sabemos que el cambio cultural depende de nosotros, nos corresponde como sociedad y como profesionales sociales, terminar con prácticas que se enfoquen en estereotipos sexistas, desde los primeros años de desarrollo de nuestros hijos.

Recuerden que todos somos Nabila, por lo que no quedemos ajenos a este grito: “puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu misma a la que asesinan, violan o maltratan!!!”


Tratamiento y respuesta del sistema judicial ante la violencia contra la mujer.

Por Victoria Coñuecar

En esta instancia, voy a abordar un tema que traté anteriormente en mi tesis de pregrado (que me interesa muchísimo), sobre la respuesta judicial ante la violencia contra la mujer en nuestro país.

Como vimos en clases del Diplomado de Género y Violencia con la profesora Nicole Lacrampette, en Chile el estatuto de protección a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (en adelante VIF) se encuentra establecido en la Ley N° 20.066, el cual “regula una institucionalidad judicial dual para el conocimiento de este fenómeno” (RIVEROS, Francisca. 2010. Acceso a la justicia y violencia contra la mujer. En: CENTRO DE DERECHOS HUMANOS UDP. Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010. 183-212. 188p.). Así, cuando los actos de VIF no sean constitutivos de delito serán de conocimiento de los tribunales de familia, en caso contrario serán de competencia de los tribunales penales.

Una vez que los casos de VIF ingresan a nuestro sistema judicial, la forma más común de término de estas causas corresponde a salidas alternativas a la dictación de una sentencia. En sede penal la forma más común de dar término a estas causas, ha sido la suspensión condicional del procedimiento (SCP) aplicada en un 18,92% de los casos (MINISTERIO PÚBLICO. Cuenta Pública 2015. [En línea] www.fiscaliadechile.cl/ … stadisticas/index.do (Consultado: 16 de junio de 2016)). Por su parte, en Tribunales de Familia, debido a que en los registros estadísticos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) no se contempla como categoría independiente los términos por suspensión condicional de la dictación de la sentencia , no es posible determinar con exactitud el porcentaje de causas que terminan mediante sentencia definitiva de las que no. A pesar de la falta de registros exactos, el estudio elaborado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), “Violencia de Género y la Administración de Justicia” del año 2009, se aventura a concluir que la principal forma de término de las causas de VIF en tribunales de familia corresponde a la suspensión condicional de la dictación de la sentencia (CASAS BECERRA, Lidia; RIVEROS W., FRANCISCA; VARGAS P., MACARENA. 2009. Violencia de género y la administración de justicia. Chile, Servicio Nacional de la Mujer. 157p.). En vista de los datos expuestos se puede apreciar que un número mínimo de casos se llega a audiencia de juicio en materia de VIF, por lo cual es manifiesto que la imposición de la sanción no es la principal respuesta judicial en Chile ante estos casos.

Pareciera ser que la respuesta actual de los tribunales de justicia ante la VIF se presenta en los procedimientos previos a la audiencia de juicio. Vale destacar que las condiciones más usadas son las medidas accesorias contempladas en los artículos 9 letras a) y b) de la Ley 20.066 (prohibición de acercamiento y salida del hogar común), y en menor medida la letra d) de la misma ley (realización terapia/tratamiento). Estas medidas son además las más utilizadas como medidas cautelares en sede de familia. Así, la respuesta judicial en ambas sedes es la misma y se centra en la protección de la víctima y su familia, mediante el otorgamiento de medidas cautelares.

En este punto cabe preguntarnos, ¿por qué la respuesta judicial radica en el otorgamiento de medidas cautelares y no en el castigo del ofensor?. En primer lugar, hay que tener en consideración que, generalmente, las mujeres víctimas de VIF recurren a la justicia solicitando que la violencia se detenga, de tal manera que la imposición de una pena no es una prioridad para ellas, (en este sentido, he tenido patrocinadas que no quieren ir a una audiencia, ni menos que se condene al ofensor, lo que en realidad quieren son las medidas cautelares.) Un factor que propicia esto es la dependencia económica. Si las víctimas dependen económicamente del ofensor, no pretenden que sea condenado por el temor de que éste pierda su trabajo o no se pueda optar a uno nuevo, debido a que la condena debe ser anotada en el extracto de filiación y antecedentes.

Con todo, personalmente considero que la SCP no es una medida ineficaz de protección a las víctimas de VIF, puesto que en la mayoría de los casos las personas que experimentan violencia acuden al sistema judicial pidiendo preferentemente que ésta cese, por lo que en cierta medida la imposición de condiciones al ofensor, como por ejemplo la salida del hogar común, detienen el maltrato en el acto. No obstante, el gran problema aquí radica en que no hay manera de asegurar que los actos de violencia no se volverán a repetir, debido a que no existe capacidad institucional de seguimiento para las víctimas (CASAS BECERRA, Lidia; RIVEROS W., FRANCISCA; VARGAS P., MACARENA. 2009. Violencia de género y la administración de justicia. Chile, Servicio Nacional de la Mujer. 159p.).

Para graficar lo que ocurre comúnmente, comento lo que una fiscal de mi práctica profesional me relató en una entrevista realizada para mi tesis. En dicha oportunidad me señaló la fiscal que, en el caso de que la condición impuesta sea la realización de un tratamiento o terapia, estos programas quedan entregados a las redes institucionales de salud, principalmente a los COSAM de la comuna del imputado, y en la mayoría de los casos los imputados no realizan los tratamientos o las terapias, el tiempo transcurre, lo que se traduce en el sobreseimiento definitivo de la causa. Posteriormente el imputado vuelve a incurrir en el mismo tipo de ilícitos en contexto de VIF.

Situaciones de este tipo se propician cuando el sistema judicial se enfoca en imponer sanciones o salidas alternativas con el único objetivo de terminar el mayor número de causas posibles y no tiene por objeto asegurar que la víctima no vuelva a ser blanco de violencia, pasándose por alto uno de los objetivos de la Ley 20.066 que dice relación con la erradicación de la VIF. La deficiencia de este modelo queda a la vista cuando no existen formas de conocer si el imputado ha cumplido o no con la condición o medida cautelar impuesta. En este caso no sólo se desatiende a la víctima, sino que también no se logra producir un cambio en el imputado al forzarlo a hacerse responsable para con la sociedad por los actos que comete en contra de su pareja.

Considero que para disminuir el número de incumplimientos en estas causas, debería implementarse un sistema de monitoreo que obligue al victimario a comparecer ante el juez de vez en cuando, con la finalidad de informar al tribunal sobre sus avances o incumplimientos. En Chile, actualmente se está efectuando un tipo de seguimiento en esta materia, específicamente en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, en el cual hay audiencias de control de las medidas cautelares decretadas en las causas de VIF. El monitoreo consiste en que si se decretaron medidas cautelares un día lunes, por ejemplo, se debe fijar audiencia para el lunes próximo, a fin de escuchar a las partes, cuya comparecencia es voluntaria.

Otro punto a favor del monitoreo judicial, es aprovechar la autoridad del juez, pues esto es una medida efectiva al momento de lograr que el ofensor se haga responsable de su comportamiento y, a su vez, se entrega un fuerte mensaje a la sociedad de que este tipo de delitos no quedan impunes e importan. Pero lo más significativo, es que puede permitir que la víctima se sienta segura y obtenga lo que buscaba desde un principio, protección para ella y su familia y, en definitiva, que la violencia se detenga de una vez por todas.

(*Si les interesó este tema, les dejo mi tesis de pregrado para que la revisen aquí)


¿La infidelidad atenúa la responsabilidad penal?

Por Ivonne Sepúlveda

Así como una justicia lenta no es justa, una justicia sin sentido común, deja de tener sentido. De este modo, cuando nos encontramos con situaciones donde no se entiende el obrar de la justicia, reina la desconfianza y el descrédito que sufren las instituciones encargadas de impartirla. Así se sienten las organizaciones no gubernamentales de mujeres, instituciones públicas, políticos, y la ciudadanía en general con los recientes fallos del Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle y el recaído sobre el recurso de nulidad de la I. Corte de Apelaciones de La Serena, donde se ha cuestionado severamente si la infidelidad es una circunstancia que permita atenuar la responsabilidad penal de un hombre que intentó matar a su cónyuge.

La sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de Ovalle reza en su considerando décimo cuarto ”Que tal como se dictaminó en la deliberación, se estimó concurrente en favor del sentenciado la atenuante de responsabilidad penal establecida en el artículo 11 N° 5 del Código Penal, esto es, la de haber obrado por estímulos tan poderosos que naturalmente le hayan causado arrebato u obcecación, toda vez que de la prueba testimonial aportada se desprende que en el momento previo a la agresión se había develado la infidelidad de su cónyuge, con quien estaba casado hacía 15 años y mantenía dos hijos en común. Evidencia su obrar irracional, el que se desata con intensidad su agresión, al constatar la presencia de Carabineros, sin hacer amago alguno de disimular su actuar ante la concurrencia de la policía en su casa. Y hace más patente que su actuar fue empañado por ese estado emocional el que aún ante la presencia de un carabinero observando la agresión, quien le ordena de manera enérgica y en reiteradas ocasiones que detuviera su actuar, éste no cesó en su proceder, abandonando su accionar únicamente al escuchar el disparo que carabineros debió ejecutar a pocos metros del sujeto, actitud que hace evidente que este fuerte ruido, a pocos metros suyo, le hizo reaccionar sobre lo que estaba ejecutando.”

De acuerdo con esta sentencia, se condena al acusado por femicidio frustrado, pero le aplica la atenuante denominada “de estado pasional” al haber actuado motivado por una reciente develación de una infidelidad, y por ello le rebaja la pena. Es decir, la sentencia da por hecho que quien se entera de que le han sido infiel, es una circunstancia suficiente para configurar un estado pasional de intensidad que limita su capacidad de culpabilidad, y en consecuencia, es menos reprochable. Y así, gracias a la misericordia de los sentenciadores, el fallo da a entender que en el fondo, la violencia ejercida sobre esa mujer tiene que ver con el amor y la pasión.

Pero, la infidelidad de una pareja o los celos que se sientan por ella, tienen que ver con el amor? Hasta cuándo vamos a seguir rotulando este tipo de situaciones como “crímenes pasionales”? Por qué cuando un hombre mata por celos o porque le han sido infiel está en una situación emocional de tal envergadura que el derecho debiera reconocer para atenuar su responsabilidad penal? Y qué ocurre – o más bien qué ocurriría- si una mujer alegase aquello, tendría la misma respuesta estatal?

Sin duda que una sociedad que vive en un Estado de Derecho que se precia de moderno y garante de los derechos humanos, no puede quedar silente ante sentencias como ésta. Por ello me complace leer en la prensa titulares como “Horroroso fallo del Tribunal Oral en lo Penal…” Indignación causa fallo que acogió la infidelidad como atenuante…”, “Rechazan fallo” o “Critican sentencia…”, pues con esto queda de manifiesto que nuestra sociedad no tolera este tipo de situaciones, y por ello da cuenta que tiene un nivel de madurez tal vez mayor que el que tienen tres jueces de la República. Es vital decir no más. No más al femicidio, no más a las excusas por cometerlo, no más a las condenas que lo justifican. Cuando somos capaces de decir que no es obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente le hayan causado arrebato u obcecación, el haber intentado matar a su mujer porque supuestamente se había enterado recientemente de que ella le era infiel, somos una colectividad que está en sintonía con los derechos de los humanos y de las humanas, y que está dando señales claras de que el modelo patriarcal, que justifica con este tipo de excusas inaceptables las violaciones flagrantes al derecho a vivir una vida libre de violencia, está a lo menos, en cuestionamiento. Y eso es un gran paso. Hace no más de tres años atrás, hechos como los que conoció y juzgó el Tribunal Oral de Ovalle, eran tratados de la misma manera por otros Tribunales del país, concediendo atenuantes por celos o infidelidades, pero la diferencia está en que hoy la gente opina, critica, juzga a los juzgadores y no queda en algún considerando de una sentencia sin que nadie sepa de ella.

De algo ha servido la lucha que se ha dado por entender que el crimen pasional no tiene que ver con el amor, sino con la posesión, y que es el hombre el que domina y posee y se cree con la potestad de matar. La frase “la maté porque era mía”, ha sentenciado y sigue sentenciando a miles de mujeres a la muerte, y ese es el paradigma que hay que combatir. Así, aparecen canciones populares como Hey, Hey, Hey de Los Tres que dice: “Tráeme la escopeta porque le voy a disparar ,Al amor de mi vida que me acaba de traicionar. Se arrancó con un hombre que ahora es un nuevo, galán Me dejó como un perro y ahora tendrá que pagar. El cielo está nublado y enojado como yo. Hey hey hey Eso es lo que pasa por creer y por amar. Hey hey hey Tengo mil balas y las voy a disparar. La tierra está mojada con lagrimas que corren por mi ser. El pavimento rojo con la sangre que voy a hacer correr. Le dije mil veces que no me abandonara Y ahora su destino lo decido yo El cielo está enojado y nublado como yo Hey hey hey Eso es lo que pasa por creer y por amar Hey hey hey La fe me dio la espalda y el amor no existe más. Aléjate de mi Aléjate de mi Despídete de mi, Olvídate de mi Hey hey hey”, canciones que hablan de esta dominación, de este derecho que se arroga el hombre de decidir los destinos de su mujer, y el costo que ha de pagar si a este hombre quiere abandonar.

Por ello es que estos fallos hay que criticarlos, no sólo porque son contrarios al sentido del mensaje que tendríamos que enviar para evitar la violencia de género, sino porque además, podría ser un nefasto referente para los crímenes que vendrán. No podemos permitir que otra muerte de una mujer sea el resultado de un “estado pasional”, ya que el hombre que mata no es un enfermo, no es un desquiciado, no es un irracional, no es un arrebatado, no es un obcecado. No. El hombre que mata es un dominador, un poseedor, un delincuente.


Violencia de género: ausencia de legislación adecuada en Chile.

Por Camila Troncoso

La violencia de género –y en particular la violencia contra la mujer- tiene implicancias en todos los ámbitos de la vida, sea en la escuela, en la calle, en la universidad, en la salud, en las relaciones, en el trabajo y la política, entre otros. La legislación actual en nuestro país es sumamente deficiente a la hora de identificar dicha violencia, sancionarla y repararla. Si bien partimos de la base de que estamos en un sistema patriarcal, y el Derecho es una institución que forma parte de este contribuyendo a su reproducción, eso no quiere decir que no podamos tomar a la legislación como instrumento transformador. Para llegar a ello, a que sea una herramienta, primero es necesario analizar lo que tenemos hoy, por lo que me enfocaré en señalar las deficiencias de la legislación y cómo dichas deficiencias no son superadas por el poder judicial ni por las políticas públicas, siendo que podrían estos últimos ser un aporte.

En primer lugar, la ley 20.066 no es una ley contra la violencia de género, sino contra la violencia intrafamiliar. Si bien es el único medio por el cual se puede sancionar la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico, esta apunta al “familismo” como señala Facio, esto es entender que mujer es igual a familia, y por tanto los intereses de la mujer son los mismos que los de la familia. Dicho aspecto del patriarcado está presente no sólo en dicha ley sino en el Código Civil, en la mente de los jueces y también en las políticas públicas, al identificar a la mujer como familia, en su rol de madre y de “cuidadora”. Para reforzar el “familismo”, cabe recordar a Montecinos, ¿por qué no existe una discusión del postnatal para hombres? Si bien actualmente se puede compartir un cierto período, esto no implica que la función de cuidar a los menores haya pasado a ser compartida ¿O por qué no se ve el cuidado de los/as hijos/as como un tema de responsabilidad de la sociedad y no sólo de la mujer?

En segundo lugar, la ley 20.066 sólo incluye relaciones entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes o si son padres de hijos/as en común. En este sentido, no considera como sancionable la violencia contra la mujer por parte de su pareja con la que no convive, o de otros, con lo cual da señales de que esa violencia es tolerada. Si bien en muchos aspectos se puede establecer que dicha violencia no es aceptada por la sociedad (he ahí el rol de las políticas públicas y de la sociedad civil que aboga por campañas de concientización), el hecho de que no esté sancionado por la ley implica una falta de reconocimiento de dicho problema como tal. Si entendemos de forma correcta la violencia de género, y sus distintos aspectos, ¿la violencia ejercida por desconocidos deja de ser violencia de género?

En tercer lugar, la actual ley se concentra en el espacio doméstico, en lo que ocurre al interior de las familias y las parejas. ¿Qué ocurre con los otros tipos de violencia? No los incluye, deja fuera la violencia institucional, el acoso sexual callejero, etc. Y en este sentido entonces, no hay una comprensión de que la violencia ejercida por personas desconocidas también es violencia de género, no existiendo ese reconocimiento porque no existe una ley de violencia de género sino sólo una ley contra la violencia intrafamiliar.

Debido a lo anterior, tenemos una serie de leyes distintas que sancionan la violencia de género en distintos ámbitos, una acumulación de leyes particulares que no reconocen el fondo común del problema de violencia, como un tema de género. Esto, evita que creemos políticas públicas que busquen apuntar al problema de fondo: un sistema patriarcal que se sustenta en el ejercicio de la violencia. El sistema, para evitar su destrucción parcela los distintos aspectos para que no seamos capaces de ver el tronco común, para que no ataquemos al fondo que es el patriarcado y las relaciones de poder que implican la subordinación general de las mujeres y no sólo de las mujeres, sino de todas las personas que escapan también al binomio masculino/femenino y que no siguen el rol asociado a ellos desde las posturas hegemónicas.

¿Cómo superamos esto hoy? Quiero hacer una salvedad en este punto: escribo desde el derecho porque es el ámbito en el que me desenvuelvo, sin perjuicio de entender que este problema no se soluciona sólo a través de él. Por otro lado, quiero reconocer también el potencial transformador del Derecho como mencioné en un principio, y siguiendo a Alda Facio que señala: “Primero, no es cierto que el sexismo sea solamente una “actitud” cultural, porque como he venido diciendo es también un sistema con estructuras de poder bien concretas y establecidas. Y segundo, es erróneo porque está históricamente comprobado que la ley sí puede y de hecho lo ha logrado, cambiar costumbres, mores, folkways o valores.” . La ley tiene un valor en sí, un poder simbólico y el poder de obligar a realizar ciertas conductas que pueden servir para combatir el machismo y el patriarcado.

En este sentido, si bien nuestra legislación nacional es bastante deficiente como señalé, nuestro país es parte de dos convenciones internacionales en materia de derechos humanos: la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) y Belém do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), las cuales han establecido estándares en materia de discriminación y de violencia, estándares que han sido ampliados y reforzados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sucesivos fallos sobre violencia contra la mujer (Caso González y otras “Campo Algodonero” Vs. México; Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, entre otros), los que deberían ser utilizados por el poder judicial en sus fallos. Dichos estándares están incorporados al derecho nacional y por tanto, su aplicación es obligatoria. Se establece entre otros la obligación del poder judicial de no actuar en base a estereotipos de género, o la necesidad de medidas de protección efectivas, la eliminación de obstáculos judiciales y legales en el acceso a la justicia, etc.

Dichos estándares no son utilizados por las personas encargadas de administrar la justicia en nuestro país. He ahí donde el componente estructural cruza los derechos que están garantizados, impidiendo su real ejercicio. Sin olvidar, el componente político-cultural, o como señala Segato, donde las estructuras cruzan el contrato. En este sentido, cabe recalcar lo señalado por Facio, en tanto todos los componentes: formal (la ley), estructural (el cómo es interpretada dicha ley por el poder judicial) y el político cultural (tradiciones, sentido común), se entrecruzan en un entramado de relaciones.

Ahora bien, si actualmente hoy el panorama es negro: la tasa de femicidios es altísima –donde vemos claras señales de tortura además-, la tasa de violencia contra la mujer en el ámbito doméstico no disminuye, etc. Sí se ha ido conquistando poco a poco el sentido común, si bien queda mucho camino por recorrer, hoy el hablar de patriarcado, el que estemos hablando de patriarcado, el que existan colectivos preocupados del tema, es un paso. Poco a poco se va conquistando el sentido común, en tanto se va construyendo en el imaginario el hecho de que la violencia contra la mujer no es ni debe ser permitida bajo ninguna circunstancia.

En conclusión, junto a la conquista paso a paso del componente político cultural, es necesario por tanto una nueva ley que sancione efectivamente la violencia contra la mujer en todos los ámbitos y que amplíe los supuestos de personas involucradas, solucionando las deficiencias que mencioné. Por otro lado, es central que se ponga énfasis en la protección y reparación de las víctimas, y que se cuestione a qué sede corresponde (familia, penal o quizás una distinta, pues vemos que la violencia contra la mujer tiene otras lógicas que al mezclarse con el afán punitivo o con la conciliación en familia, no se aprecia el problema en su complejidad), y finalmente, que el enfoque preventivo sea el pilar central, eliminando la violencia desde su origen.


Femicidio en Chile, una reflexión.

Por Katherine Villegas

Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al Femicidio en Chile y la comprensión de este fenómeno, lo que está en la base de él y las reflexiones en torno a un posible cambio social.

Hay un creciente consenso internacional en torno a denominar la violencia contra las mujeres, como “Violencia de Género”, independientemente de donde ocurra (espacios públicos o domésticos), de su contexto (intrafamiliar, institucional, etc), ya que en gran medida se sustenta y reproduce por la situación de subordinación de las mujeres en relación con los hombres en la sociedad. En el informe del PNUD de 1997 esto queda patente al manifestar que “ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres”. Se trata de prácticas naturalizadas, que se han vuelto parte de nuestras manifestaciones más habituales, donde tanto hombres como mujeres funcionamos en un orden social que está determinado por un orden dado, que viene desde la cultura, las tradiciones, desde la habitualidad, la normalidad.

En las palabras de Pierre Bourdieu, quien nos acerca a una comprensión de esta normalidad, “Si esta división parece “natural”, como se dice a veces para hablar de lo que es normal, al punto de volverse inevitable, se debe a que se presenta, en el estado objetivado, en el mundo social y también en el estado incorporado, en los habitus, como un sistema de categorías de percepción, pensamiento y acción. Se trata de la concordancia entre las estructuras objetivas y las estructuras cognitivas que posibilita esa relación con el mundo que Husserl describía con el nombre de “actitud natural” … esta experiencia es la forma más absoluta de reconocimiento de la legitimidad; aprehende al mundo social y a sus divisiones arbitrarias como naturales, evidentes, ineluctables, comenzando por la división socialmente construida entre los sexos.”(1)

Entonces, ¿cómo logramos cambiar estos elementos constitutivos de nuestras realidades sociales? ¿Cómo podríamos acceder a cambiar esta relación naturalizada?

Probablemente algunos pensaríamos, de acuerdo a los intentos que hemos tenido hasta ahora, que una respuesta a esta pregunta es el planteamiento de una nueva legislación. Para desarrollar esta idea, analicemos el ejemplo de lo que pasó con la modificación al código penal del año 2010.

Para la legislación chilena, el femicidio se define como “homicidio cometido contra la mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen”(2), por lo tanto, la legislación chilena excluye las relaciones informales, noviazgos, las muertes de mujeres que trabajan en el comercio sexual, entre otras muertes, que sí podrían ser englobadas como violencia de género.

Esta definición se incorpora al Código Penal el año 2010, es una modificación a la Ley de Violencia Intrafamiliar, la que fue promulgada en el año 2005. (2)

Podemos ver en este ejemplo, como las legislaciones influyen en la construcción de realidades, la incorporación del concepto de femicidio permite que las personas visibilicen este fenómeno como algo distinto y grave, como un elemento nuevo, dice Segato, “Sin simbolización no hay reflexión, sin reflexión no hay tentativas de autocorrección y redireccionamiento intencional de los modelos de interacción social” (3), esto lo podemos ver en que en el número oficial de femicidios, luego de la incorporación del concepto de femicidio en la ley, presenta una baja en el número absoluto de femicidios cometidos. El año 2009 se registran 55 casos, el 2010 49, bajando el 2011 a 40 casos y el 2012 a 34 casos. (4)

Así, nos dice Segato también, “a pesar de que el derecho puede no ser capaz de tocar la esfera de lo moral, ni por sí solo, transformar el orden vigente, puede, de todas formas, interpelar y convocar a una deliberación ética, dando origen a nuevas sensibilidades”.(3)

De todas maneras, para poder evaluar las cifras en el contexto de la población chilena y hacerlo comparable con las cifras latinoamericanas posteriormente, los números absolutos no son suficientes, es necesario elaborar una medida objetiva y proporcional, para lo cual elaboré la Tasa de Femicidios ocurridos en Chile por cada 100.000 mujeres, que es la medida que se usa en el resto de Latinoamérica. Para lograr construir este indicador, se tomaron los datos oficiales del SERNAM y datos estadísticos de población de la CEPAL. Esta evaluación de la tasa, nos permite ver que Chile tiene una tasa de 0,6 hasta el año 2010, que el 2011 baja a 0,5 y el 2012 baja a 0,4, hasta el año 2015 en que vuelve a subir a 0,5 femicidios por cada 100.000 mujeres. Por lo tanto, efectivamente la tasa disminuye el 2011, luego de la incorporación del concepto de femicidio a la legislación, teniendo un aumento nuevamente el 2015. Lo que nos dicen estas cifras es que, un cambio en las legislaciones, tiene un efecto inicial en las cifras, pero no podríamos asegurar que este cambio sea estable o permanente, el cambio social no es completo.

Tener una cifra de tasa nos permite hacer una comparación a nivel latinoamericano, si bien las cifras podrían ser poco comparables por las distintas definiciones, (algunos países no tiene creada una legislación especial para este tipo de crímenes), o por una observación irregular de este tipo de delitos, o por fallas en la información que maneja cada país. De todos modos, haremos la comparación de las tasas basándonos en la información recopilada por la CEPAL, lo que se muestra en el siguiente gráfico.

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Aquí nos volvemos a plantear la pregunta, ¿cómo hacemos el cambio de los elementos constitutivos que se encuentran en la base de las creencias de disparidad de género en nuestra sociedad?, ¿cómo logramos cambiar los elementos constitutivos de la diferencia y por tanto, de la violencia?

Al ver este gráfico que compara las tasas a nivel latinoamericano, podemos ver que Chile tiene una de las tasas de femicidio más bajas entre los países latinoamericanos, esto me hace pensar que en esta cifra podemos tener una oportunidad. Si tenemos una tasa baja, en Chile deberíamos trabajar en campañas de prevención potentes, para no llegar a tener cifras mayores. Probablemente para trabajar en estos aspectos preventivos necesitamos llevar esto a grupos sociales amplios, campañas comunicacionales, educación temprana contra la violencia o políticas de buen trato a nivel escolar, etc.

El trabajo con grupos sociales amplios podría ser la respuesta ante poder hacer un cambio en los significados sociales que vienen marcados en nuestras creencias culturales, en el estatus que nos menciona Rita Segato, o como se plantea en el texto de Pierre Bourdieau, La Dominación Masculina, sin duda un cambio que va a ser muy lento y del cual posiblemente no alcancemos a ver los resultados, pero que debe comenzar de una vez por todas, a partir de un cambio reflexivo, amplio y dirigido a las bases de nuestra sociedad.

1. Bourdieu, P. La Dominación Masculina
2. Garita, A. Campaña ONU Únete, La regulación del delito de Femicidio/Feminicidio en América Latina y El Caribe,
3. Segato, R. Las estructuras elementales de la violencia, capitulo 9, los principios de la violencia.
4. SERNAM.